La vigente Constitución de la República al determinar las características del Gobierno de la República y demás entidades políticas que la conforman, señala en su artículo 6º que es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.
La revocación de los mandatos de magistrados o funcionarios públicos designados por elección popular no es una innovación del MVR. El referéndum no es más que una consecuencia del sistema republicano de gobierno que consagra la soberanía como el poder mayor dentro del Estado, cuyo titular es el pueblo, entendido como la parte de la población sujeta de derechos políticos y quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución o mediante el sufragio por los órganos del Poder Público. Así estaba consagrado desde 1992 en el Proyecto de Reforma Constitucional elaborado por la Comisión Bicameral que presidió el entonces Senador Vitalicio Rafael Caldera.
El referéndum revocatorio es un mecanismo de democracia directa, igual que el abrogatorio, el consultivo o el aprobatorio. El referéndum como consulta al soberano se venía consagrando en Venezuela en otras disposiciones de orden legal como la consulta al pueblo sobre la destitución del Alcalde cuando le era improbada la memoria y cuenta anual por una mayoría calificada del Concejo Municipal; la consulta a los vecinos para la aprobación del establecimiento de Casinos, los Cabildos Abiertos o la consulta popular para los cambios de uso en las áreas urbanas.
El revocatorio de mandatos fue adoptado como para que no ocurriera. Se requiere que la solicitud debe ser suscrita por lo menos por el 20% de los electores, el numero de votantes debe ser superior al 25%, solo se aceptará una solicitud en cada período, la revocación debe hacerse en la segunda mitad del mandato y para Presidente deberá realizarse en los primeros cuatro años de gobierno, además, para que sea válida la revocación, el veredicto debe adoptarse por más votantes que el número de electores que obtuvo el funcionario en su elección. En la reciente revocación del mandato al Gobernador en el Estado de California en Estados Unidos, solo se requería la firma de 83 personas y el pago de 3.500 dólares, así se hizo el referéndum y se revocó al Gobernador.
La revocación de mandatos obedece además al principio de la legitimidad. Los funcionarios no deben ser solamente legales, es decir, designados conforme a la ley, sino mantener el apoyo del pueblo. El pueblo, cuando el funcionario no cumple con sus funciones, cuando con su actuación atenta contra el orden jurídico, el sistema democrático o viola los derechos y las garantías constitucionales, tiene el derecho a la desobediencia civil contra el régimen, la autoridad o la propia ley, conforme al artículo 350º constitucional.
